Los arrestos y detenciones comenzaron tres semanas antes, en la capital y otras ciudades del país, tras el anuncio hecho por el Gobierno del general Pinochet de realizar una consulta popular el 11 de septiembre.

Un grupo de representantes de la Democracia Cristiana, que se encontraba disuelta como partido político, reiteró que el plebiscito constitucional no reunía condiciones de validez. El comunicado que estuvo suscrito por Andrés Zaldívar, Carmen Frei, Raúl Troncoso, Tomás Reyes y Jaime Castillo, afirmaba que el plebiscito podía contribuir a ahondar la división entre los chilenos.

Esas eran las condiciones en las que se ratificó la Constitución del 80 y ahí se puede encontrar el germen del movimiento que culminó con el acuerdo de llamar a un nuevo plebiscito, cuarenta años después, para redactar una constitución que tenga legitimidad democrática.